Asesoramiento integral
Somos un estudio jurídico de Rosario dedicado al derecho civil, al derecho de daños y al derecho de seguros. Brindamos asesoramiento, intervenimos en negociaciones y llevamos adelante juicios ante los tribunales de Rosario y de la provincia de Santa Fe.
Nosotros
Lo Giudice & Asociados es un grupo de profesionales que asesora y representa a sus clientes en derecho civil y comercial, derecho de daños, seguros, derecho del consumidor y riesgos del trabajo.
Nuestro trabajo abarca el asesoramiento, los reclamos extrajudiciales, las negociaciones y la intervención en juicio. Explicamos cada caso en detalle, junto con las alternativas posibles y sus consecuencias, para que el cliente decida con información.
Trabajamos con transparencia en el trámite de cada expediente y con honestidad en el manejo de los asuntos que se nos confían.
Dr. Diego A. Lo Giudice
Formación
- Doctor en Derecho
- Magíster en Derecho Privado
- Profesor superior en Derecho
Docencia
- Derecho de Daños, Obligaciones y Derecho Civil IIUNR y UCA, desde 2017
- Responsabilidades Especiales y SegurosUCA
- Diplomatura de Seguros y Responsabilidad CivilUNR, profesor invitado, 2025
- Derecho del ConsumidorUCA, desde 2026
- Taller de Jurisprudencia y Clínica JurídicaUCA
- Teoría General de la ReparaciónUNR, desde 2021
- Profesor invitado en distintos cursos y carreras de posgrado
Colegio de Abogados de Rosario
- Presidente del Instituto de Derecho de DañosDesde 2022 · autoridades y actividades en la página del Colegio
- A cargo de las guardias de consultas profesionales en derecho de dañosDesde 2022
- Digitalización de procesos, DNU 70/23, SIDEAT, reforma procesal civil
Daños punitivos. Análisis doctrinario y jurisprudencial
Aspectos sustanciales y procesales.
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Derecho civil y comercial
Contratos, obligaciones y relaciones jurídicas, con especial atención a los entornos digitales.
- Contratos y obligaciones en general
- Contratación electrónica y plataformas digitales
- Protección de datos personales y derechos en internet
- Reclamos frente a bancos, tarjetas de crédito y préstamos
- Cuestiones de salud: obras sociales, prepagas y cobertura de tratamientos
- Cobro de sumas de dinero
Derecho de daños
Responsabilidad civil contractual y extracontractual en sus distintos ámbitos, entre ellos:
- Accidentes de tránsito
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- Responsabilidad del Estado
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- Acción preventiva de daños
- Otros supuestos de responsabilidad civil
Derecho de seguros
Cuestiones derivadas del contrato de seguro y su relación con la responsabilidad civil.
- Seguro de responsabilidad civil
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Derecho del consumidor
Relaciones de consumo con bancos, aseguradoras, empresas de servicios y proveedores.
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- Bancos y entidades financieras
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- Comercio electrónico
- Cualquier otra relación de consumo
Riesgos del trabajo
Reclamos frente a aseguradoras de riesgos del trabajo (ART).
- Accidentes de trabajo
- Enfermedades profesionales
Publicaciones
Dictámenes
Presentados ante el Colegio de Abogados de Rosario como Presidente del Instituto de Derecho de Daños.
- «Dictamen sobre el Anteproyecto de Código de Procesos Civiles y Comerciales de la Provincia de Santa Fe»Con integrantes del Instituto de Derecho de Daños, 10/3/2025Leer
- «Dictamen sobre reforma al SIDEAT»22/7/2024Leer
- «Dictamen sobre DNU 70/23 y Proyecto de Ley "Ómnibus"»Con Jonatan J. Páez y Julián S. Dauverné, 9/1/2024Leer
- «Dictamen sobre digitalización de los procesos»25/9/2023Leer
Ponencias
- «Pretensión preventiva de la citada en garantía y el mandato preventivo en el seguro de responsabilidad civil»XX Congreso Nacional e Internacional de Derecho de Seguros, Comisión 2: Seguro de Responsabilidad Civil y Daños, 2026
- «La función preventiva y resarcitoria aplicada a los buscadores de internet según los parámetros de la Corte Nacional»XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Comisión 4: Derecho de Consumo, Universidad Austral, 2024, p. 269PDF
- «Prevención de propagación del Covid-19. La responsabilidad del Estado y los individuos por su omisión»Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Mendoza, Comisión 3: Derecho de Daños, 2022
Contacto
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Dictamen sobre digitalización de los procesos
Descargar PDFDICTAMEN SOBRE DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Sr. Presidente del Colegio
de Abogados de Rosario
(Lucas Galdeano)
S / D
I. Carácter de la presentación
Diego Alejandro Lo Giudice, abogado, en mi carácter de Presidente del Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados de Rosario, me presento a fin de evacuar el pedido de dictamen sobre la digitalización de procesos en el fuero, en los siguientes términos:
II. Antecedentes
Que, por medio del Acuerdo nro. 28, del 30 de agosto de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe —mediante propuesta de su Secretaría de Gobierno— dispuso la digitalización de la totalidad de los procesos en la Provincia, que se materializará de conformidad con un cronograma progresivo y finalizará en este año.
En el ámbito que nos interesa, comenzó el 11 de septiembre de 2023 para los juzgados de Distrito y Circuito de Rosario, mientras que el 18 de septiembre de 2023 inició en materia Extracontractual. Se extenderá el 25 de septiembre a todos los juzgados de Distrito de la Provincia, abarcando a las delegaciones.
III. Consideraciones generales
La digitalización del proceso es un paso necesario. Era sabido que tarde o temprano tendría lugar y que sería indispensable terminar de utilizar el papel para los trámites judiciales.
Obviamente, no será automático y seguramente generará problemas para quienes utilizan el sistema, tal como sucedió con la digitalización de los escritos hace poco tiempo. Ante ello, lo importante es buscar la forma de solucionar estos posibles inconvenientes.
Sin embargo, esta posibilidad genera algunas inquietudes, que expondré a continuación:
IV. Consideraciones particulares
IV.1. Situación actual
En primer lugar, deben tenerse en cuenta algunas situaciones negativas, que ya ocurren con el sistema actual: falta de digitalización de audiencias, la no entrega de un recibo al entregar escritos y demandas (en mi caso, dos expedientes ingresados desaparecieron al otro día de ingresarlos; afortunadamente no existía un plazo de prescripción, pero en una de ellas perdí la posibilidad de evitar la Comisión Médica cuando se hizo obligatoria), hay cargos que constan en el expediente de papel y quedan sin subir, entre otras.
Otro punto que me parece necesario tratar es la posibilidad de enviar por mail la documentación, cuando a pesar de su compresión es muy pesada. Algunos juzgados lo aceptan y otros no. Ello me llevó, por ejemplo, a tener que acompañar un sumario penal e historia clínica en 27 veces (cada una con su cargo correspondiente, lo que vuelve tedioso el expediente).
También consideramos que debería simplificarse el envío de oficios a oficinas públicas, de modo similar o incluso más ágil que el sistema DEOX en materia federal.
Para el Poder Judicial a veces es tediosa la forma actual en la que funciona el sistema digital. Presenta por separado los escritos presentados por los letrados y las providencias que ellos realizaron. Tampoco les muestra cuál es la parte por la cual se comparece o se contesta demanda, ni les permite aclararlo. Sería positivo que ello se solucione, para tener también una mayor agilidad nosotros.
A esta altura, otra cuestión importante es que parece inútil continuar notificando los juicios con copia de la demanda y documental, lo que podría subsanarse simplemente con que el juzgado acompañe en su decreto la clave del expediente. De hecho, muchas veces ya actúan de ese modo. Restaría que la Corte se expida, para armonizar la cuestión, evitando que se discuta por la normativa procesal actual.
IV.2. Inconvenientes de la digitalización total de los procesos
Hemos tomado conocimiento de que el Poder Judicial realizó una capacitación entre sus empleados, pero no parece adecuada. Se realizó un día antes de la implementación en muchos juzgados y no se supo responder a las dudas de los operadores. Pareciera, entonces, ser una herramienta que se quiere implementar con urgencia, sin importar si quienes utilizan el sistema están listos para ello.
Además, existe el problema de la firma digital de los miembros del Poder Judicial. Pero, en realidad, ello será positivo: no tendríamos que ir a certificar copias de las sentencias.
Sin perjuicio de ello, trataremos algunos de los aspectos concretos que consideramos más importantes.
- Respaldo: Al no tener un expediente físico, lo primero que nos preguntamos es cómo estamos seguros que no falta ni se ha perdido ningún documento o cargo. Se nos dirá —como siempre— que el abogado tiene el deber de controlar, pero la realidad es que entre tanta cantidad no es sencillo y puede perderse alguna cuestión importante que no se tenía en mente. Más allá de la posibilidad de ir descargando el expediente digital, debería existir alguna medida de seguridad. Sinceramente, me excede saber cuál podría ser.
Particularmente, me sucedió en épocas de Covid algo curioso. Necesitaba realizar un acto que solamente era presencial y el Juzgado no encontraba el expediente. Luego tuve un planteo de caducidad por haber transcurrido 3 meses —por ser un amparo— y acompañé las constancias de los turnos en mi poder; pero el Juzgado pretendían los mails de confirmación y en informática no los tenían. Afortunadamente, no perdí un derecho, debido a que se solucionó por otra vía, pero pudo suceder.
La situación no es idéntica, pero pueden darse inconvenientes similares.
- Foliatura: Sería positivo que se realice de modo digital. El sistema del Poder Judicial de la Nación ya la tiene. Podría realizarse por acto, como sucede allí (por ej., demanda a fs. 23-40) o por cada foja.
A pesar de ello, creo que sería positivo acostumbrarnos a utilizar el nro. de hoja del expediente digital, siempre que el juzgado pueda verlo así.
- Fianza: ¿Cómo se realizará la constitución de contracautela para los embargos? ¿Será firmada en papel y luego digitalizada?
- Fraude: Puede generar inconvenientes advertir la veracidad de la documentación acompañada por la otra parte. El juzgado en ocasiones la solicita para la audiencia de producción de pruebas o antes de sentenciar, pero ello puede facilitar el fraude y forzar transacciones que no se hubieran realizado de otro modo. Incluso ha sucedido con una aseguradora que acompañaba escritos sin firma en los que supuestamente el asegurado permitía la disminución de la suma asegurada. Nos preguntamos si en un sistema como el actual, ello no podría verse facilitado.
Con frecuencia hemos visto que se “pegan” las firmas de los patrocinados. Con un poco más de conocimiento, se podría fabricar documentación inexistente.
- Celebración de audiencias: Me parece que se ha descuidado mucho el tratamiento sobre cómo llevar a cabo las audiencias. Hasta el momento no se han tomado sin el expediente y no parece que se hayan arrimado los elementos necesarios para hacerlo. Por ello, me pregunto: ¿Cómo veremos el expediente? ¿Los abogados y jueces tendrán que llevar una notebook? ¿El Poder Judicial proporcionará esos elementos? ¿Cómo se firmará el acta de audiencia? Los abogados y el juez podrían hacerlo digital, pero no las partes.
Si discutiéramos sobre alguna pregunta o posición que constaba en la prueba ofrecida en la demanda, ¿cómo podríamos corroborar quién tiene razón?
En Córdoba, por ejemplo, el Secretario certifica quienes estuvieron presentes y lo firma.
- Seguridad: Ahora bien, ¿qué sucedería si vulneran la seguridad del sistema del Poder Judicial? No es algo extraño, sino que ocurrió en varias partes del País. Podríamos correr el riesgo de perder todo lo actuado. Debería darse una clara solución a este tema antes de continuar.
V. Conclusiones
Creo que la digitalización es una herramienta muy eficaz, que nos permitirá actuar con gran comodidad, pero previamente deben solucionarse muchos aspectos. Lo negativo es que se pretenda imponer en forma apresurada, sin importar los inconvenientes que puede generar.
Dictamen sobre DNU 70/23 y Proyecto de Ley «Ómnibus»
Descargar PDFDICTAMEN SOBRE DNU 70/23 Y PROYECTO DE LEY “ÓMNIBUS”
Sr. Presidente del Colegio
de Abogados de Rosario
(Lucas Galdeano)
S / D
I. Carácter de la presentación - II. Alcance del dictamen - III. Análisis de la reforma en el Derecho de daños- III.1. Daño moral (art. 1741) - III.2. Responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos (art. 1754 CCCN) - IV. Reformas en el ámbito obligacional - IV.1. Obligaciones dinerarias - IV.1.a. El régimen de dar moneda extranjera - IV.1.b. Las excepciones al nominalismo absoluto - IV.1.b.i. Aspectos generales - IV.1.b.ii. La actualización en alquileres - IV.1.b.iii. La actualización de los créditos laborales - IV.1.b.iv. La cuestión en los juicios de responsabilidad civil - IV.2. Intereses - IV. 3. Mora - IV.4. Pago por consignación - IV.5. Astreintes – IV.6. Transacción - IV.7. Prescripción - IV.7.a. Suspensión por mediación - IV.7.b. Interrupción por reclamo administrativo previo - IV.7.c. Imprescriptibilidad de las acciones contra los funcionarios públicos por actos de corrupción - IV.7.d. La cuestión tributaria – IV.8. Pago indebido - V. Propuestas de reforma.
I. CARÁCTER DE LA PRESENTACIÓN
Diego Alejandro Lo Giudice, abogado, Presidente del Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados de Rosario; Jonatan Jesús Páez, abogado, Vicepresidente del Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados de Rosario; y Julián Santiago Dauverné, abogado, Secretario del Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados de Rosario, nos presentamos a fin de evacuar la solicitud de dictamen sobre el DNU 70/2023, del 21/12/2023, y el proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación al Poder Legislativo, en fecha 27/12/2023, Mensaje Nro. 7/2023, denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” —en adelante, el Proyecto—, en los siguientes términos:
II. ALCANCE DEL DICTAMEN
Tanto el DNU 70/2023 como el Proyecto incluyen una cantidad notoria de modificaciones, que abarcan distintos ámbitos del derecho e inciden sobre numerosas leyes.
En este dictamen, se realizará un cuadro comparativo entre la solución del Código Civil y Comercial —o la legislación que haya sido modificada— y la prevista en ambas reformas. Luego de ello, se analizarán sus alcances.
Si bien existe un gran debate sobre la constitucionalidad del DNU 70/2023, que dio lugar a distintos planteos judiciales1 e incluso a conflictos de competencia2, nos limitaremos a analizar las cuestiones del Decreto y del nuevo Proyecto de Ley que se encuentran relacionadas con la práctica del área que comprende el Instituto.
Más allá de nuestro enfoque, pensamos que el debate parlamentario es un eje fundamental del sistema democrático y debe ser el camino por seguir.
Comenzaremos con las reformas propias del ámbito del Derecho de daños (arts. 1741 y 1754 del CCCN) y luego nos abocaremos a cuestiones de índole obligacional, que tienen una notoria importancia en nuestra práctica diaria (obligaciones dinerarias, prescripción, transacción, entre otras).
III. ANÁLISIS DE LA REFORMA EN EL DERECHO DE DAÑOS3
III.1. Daño moral (art. 1741)
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Proyecto de Ley Ómnibus |
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Artículo 1741. Indemnización del daño moral. Está legitimado para reclamar la indemnización del daño moral el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas |
Actualmente, la norma contempla la legitimación para reclamar las “consecuencias no patrimoniales” sufridas por el damnificado —sea directo o indirecto—, mientras que en el Proyecto4 se modifica esta frase por “daño moral”.
Entendemos que ello no tiene ninguna incidencia práctica.
Para llegar a esta conclusión, primero debemos preguntarnos: ¿Existen terceros rubros indemnizables? ¿Hay algún daño distinto al patrimonial o moral?
Debe recordarse que se comenzó a hablar de categorías de daños sui generis —que serían independientes de esta clasificación—, debido a la limitación que presenta el resarcimiento del daño moral en el derecho italiano, que se circunscribe a lo delictual y excluye al ámbito aquiliano (artículo 2059 del Código Civil), a lo que se sumó la interpretación del Tribunal Constitucional5. Luego, fue introducida en Latinoamérica por Fernandez Sessarego6.
A estos rubros —que consideraban distintos al daño patrimonial y extrapatrimonial— se pretendía otorgarles autonomía resarcitoria (sería el caso del daño biológico, el daño a la vida de relación o el daño al proyecto de vida, entre otros).
Sin embargo, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país coincide en que no existen otras categorías7.
A pesar de esta aclaración, puede ser conveniente utilizarlas como partidas indemnizatorias, siempre y cuando se explique con claridad cuáles son las secuelas que provocan. Por ejemplo, si el actor reclama daño estético, el juez no debe rechazar la petición por ser un rubro distinto, sino que debe encuadrarlo dentro de esta clasificación bipartita.
Quizás, para quienes contemplan la existencia de otros rubros, la noción de “daño moral” quedaría reservada para resarcir el sufrimiento y podría ser más estricta que la noción de “consecuencias no patrimoniales”, aunque hoy se trata de una minoría.
En definitiva, no pensamos que la solución tenga demasiada relevancia práctica. Sin embargo, es preferible la expresión del Proyecto, que está más arraigada en nuestro derecho y nos lleva a pensar en la figura, a diferencia de la expresión del CCCN, que lo define en negativo (lo que no es).
Por otra parte, la reforma pudo abarcar otros aspectos de la norma, tal como se explicará al analizar las propuestas de reforma.
III.2. Responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos (art. 1754 CCCN)
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Proyecto de Ley Ómnibus |
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Artículo 1754. Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y solidaria que pueda caber a los hijos. |
El actual art. 1754 del CCCN contempla la responsabilidad solidaria entre ambos padres en estos supuestos. Ellos, a su vez, tienen responsabilidad concurrente con el hijo que causó el daño.
El Proyecto de reforma8 modifica este último aspecto: la responsabilidad del hijo también pasaría a ser solidaria con la de sus padres.
La principal diferencia entre las obligaciones solidarias y las concurrentes es que las primeras nacen de la misma causa (la voluntad de las partes o la ley), mientras que las segundas tienen distinto origen (por ejemplo, la responsabilidad de la aseguradora, que surge de un contrato con el asegurado y es concurrente con la del dueño, guardián y conductor del vehículo).
En realidad, la concurrencia se da por la existencia de varias obligaciones distintas, en las que varios deudores deben lo mismo a un acreedor, aunque por diferentes motivos. La decisión de nuestro legislador fue regularlas en el Código Civil y Comercial por la frecuencia en su uso, aunque en la mayoría de los ordenamientos ello no ocurre9.
Sin embargo, no hay límite para que la ley pueda crear nuevos supuestos de solidaridad y siempre implican un beneficio para el acreedor (en este caso, la víctima).
Debe recordarse, además, que esta responsabilidad solamente abarca a los perjuicios causados por menores de edad y que el hijo puede responder por el hecho propio —art. 1749 CCCN—, si tiene discernimiento (por ser mayor de 10 años) o por equidad —art. 1750 CCCN—, si no lo tiene (al ser menor de 10 años). En este contexto, es poco frecuente que se dé esta situación.
En definitiva, no vemos esta reforma proyectada realmente significativa, en especial atento que —más allá de las diferencias señaladas—, el CCCN, en su art. 852, remite a las normas de las obligaciones solidarias para la regulación de las obligaciones concurrentes. Ambas se distinguen en algunos de sus efectos: la extensión de las consecuencias en la solidaridad (mora, suspensión e interrupción de la prescripción, etc.)10, que no es tan amplia en los supuestos de concurrencia11.
Pensamos, sin embargo, que se podrían haber reformado otros aspectos, tal como se verá en las propuestas de reforma.
IV. REFORMAS EN EL ÁMBITO OBLIGACIONAL
1) Obligaciones dinerarias
a) El régimen de dar moneda extranjera
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DNU 70/2023 |
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Artículo 765. Concepto La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación.
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Artículo 765. Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes Artículo 766. Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene. |
El Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012 había previsto en su artículo 765 que las obligaciones de dar moneda extranjera se sometían al régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero. Luego, en coherencia con ello, contemplaba en su artículo 766 que el deudor debía entregar la especie designada, sin importar si la moneda tenía curso en la República o no.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo modificó estos artículos, por lo que el Código Civil y Comercial de la Nación fue sancionado con un régimen distinto. Las obligaciones en moneda extranjera se consideran como de “dar cantidades de cosas” —régimen inexistente en el Código actual, que sí existía en el Código Civil anterior— y el deudor puede liberarse entregando el equivalente en moneda nacional (art. 765). Ello tuvo su correlato en las dificultades impuestas por el Estado para adquirir moneda extranjera y luego se agravó con todos los vaivenes monetarios de público conocimiento (el uso frecuente de un dólar paralelo, entre otros inconvenientes). En este contexto, la solución legal significó un trato injusto para ciertos acreedores, que debían conformarse con el valor ínfimo otorgado por el Estado a la moneda extranjera12, aunque luego los jueces fueron tomando cartas en el asunto y se llegó a soluciones más justas (se agregó impuesto País13 o se utilizó dólar MEP14).
El DNU 70/2023 —en sus artículos 250 y 251— retoma la solución que brindaban los Anteproyectos de 2012 y 2018, que es más justa y permite realizar transacciones con mayor seguridad. Lo positivo es que se retorna a un sistema que ya funcionó en nuestro derecho y la idea es que colabore a agilizar el tráfico comercial.
Sin embargo, Alferillo manifiesta su preocupación, porque el régimen parecería acotarse a los contratos15, lo que se advierte cuando refiere a la moneda “pactada” o las cantidades “comprometidas”. Nos parece que en este punto debe seguirse una interpretación flexible que abarque al ámbito obligacional, más allá de los términos de la redacción.
En cuanto a la reducción de facultades acordada a los jueces, coincidimos con Vázquez Ferreyra cuando señala que ello ofrece dudas, porque existen normas superiores y de orden público que puedan ameritar una revisión16. Por otra parte, si en algún momento existen restricciones cambiarias, los jueces deberán permitir el pago en pesos.
b) Las excepciones al nominalismo absoluto
i. Aspectos generales
La Ley de Convertibilidad prohibió en sus artículos 717 y 1018 la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o repotenciación de deudas. En 2002, se derogaron la mayoría de sus artículos para suprimir la paridad entre peso y dólar, aunque las normas mencionadas subsistieron.
Ello impone un nominalismo absoluto, debido a que no existe posibilidad de pactar en contrario.
Durante algún tiempo, se discutió sobre la vigencia de estas normas, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ratificó en el fallo “Massolo”19 y luego la reiteró en distintos supuestos (Belatti20 y “Romero”21, entre otros).
Sin embargo, fueron apareciendo algunas excepciones. Se regularon, entre otros: el CER, actualización de estados contables, algunas cuestiones en la Ley de Presupuesto (arts. 51 y 52), la posibilidad de actualizar por RIPTE, el índice UVA, el índice para alquileres de vivienda y la posibilidad de actualizar en forma indiscriminada en los demás tipos de locación.
Cabe destacar que el Proyecto de reforma al Código Civil y Comercial de 2018 había propuesto derogar los artículos 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad. Anteriormente, nos expresamos por la necesidad de permitir la indexación en términos generales y, por lo tanto, nos parece una oportunidad desechada. Se pregunta Alferillo22 si en esta decisión “…hubo olvido o su vigencia es una decisión política”, a lo que responde recordando el espiral inflacionario que generarían estos mecanismos (cuyos efectos nos exceden y se remontan al campo económico).
ii. La actualización en alquileres
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DNU 70/2023 |
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artículo 1199. Moneda de pago y actualización. Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato. Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada |
La Ley de Alquileres (Ley 27.551, con su reforma por Ley 27.737) —más allá de las objeciones que mereció— dio inicio a este camino, al establecer, en su artículo 14, la derogación de los artículos 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad para la fijación del precio en los contratos de locación. Puede advertirse que, luego de tal solución, la norma impuso un mecanismo de actualización para los alquileres destinados a vivienda, pero no expresó nada con relación a los restantes. Ello fue un primer paso hacia la libre actualización23, que es la solución prevista por el DNU 70/202324, sin distinguir su destino.
iii. La actualización de los créditos laborales
| Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) | DNU 70/2023 |
|---|---|
| Artículo 276. Actualización por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo, serán actualizados, |
Artículo 276. Actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria. Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados y/o repotenciados y/o devengarán intereses. La suma que resulte de dicha actualización y/o repotenciación y/o aplicación de intereses en ningún caso podrá ser superior a la que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual. La presente disposición es de orden público federal y será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor, así como también, después de la declaración de quiebra |
El artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo —según la nueva redacción del DNU 70/202325— permite al juez actualizar los créditos laborales. Si bien su texto ya contemplaba una solución similar, la realidad es que esta disposición había sido tácitamente derogada por la Ley de Convertibilidad, que era posterior. Hoy se reafirma esta posibilidad, lo que significa un gran avance.
Se incorpora como tope el resultado que arroje la indexación con el precio de la canasta básica del INDEC más un 3% anual26. Una solución similar había sido adoptada por alguna jurisprudencia27. Este parámetro procura limitar los intereses que arrojan las capitalizaciones de intereses28, lo que debe advertirse en cada caso concreto. El problema es que se trata de un límite máximo y no hay un mínimo.
Es llamativa la forma en que se empezó a utilizar la actualización por INDEC en la jurisprudencia: en muchos ámbitos, los acreedores pierden día a día parte de su crédito por el incumplimiento de sus deudores, que no les dejaron otra alternativa que recurrir a la vía judicial (entre otros, podemos mencionar a las víctimas de daños, los consumidores o los trabajadores para ciertos supuestos). Hasta aquí, ningún problema. Sin embargo, cuando la capitalización fue considerada abusiva por muchos de los demandados habituales en el ámbito laboral29, se recurrió como límite a lo previsto por este organismo. Este parece haber sido el límite al nominalismo, que dejó de una valla que parecía insuperable.
Por otra parte, llama la atención la referencia al “orden público federal”. Más allá de la problemática en la determinación de lo que es “orden público”30, lo “federal” parecería abarcar ese fuero, aunque parecería que la intención es que sea aplicable en toda la Nación.
iv. La cuestión en los juicios de responsabilidad civil
En la mayoría de los casos, los juicios de responsabilidad giran en torno a obligaciones de valor, como sucede cuando se otorga una indemnización por incapacidad, daño moral, etc. Aquí no hay mayores inconvenientes, porque el monto se fija al momento de la sentencia31 y no hay pérdida de poder adquisitivo.
Es cierto que, en ocasiones, los montos por incapacidad resultan bajos, pero ello puede ser producto de una deficiente cuantificación —lo que se agrava cuando no se otorgan fundamentos para realizarla— o de la caída de los salarios, que son una pauta para el cálculo.
El problema es cuando se trata de una obligación dineraria, ya cristalizada al momento de demandar. Es el caso de quien reclama gastos documentados (por ejemplo, con una factura de reparación, el retorno de cobros indebidos, el pedido de reintegro de algún gasto, etc.) o ante un lucro cesante calculado a valores pasados, sin posibilidad de actualizarlos. Hoy en día, el crédito termina licuándose, debido a la insuficiencia de los intereses. Con esta situación, se encuentra en mejores condiciones quien no reparó su vehículo, lo hizo en un taller no habilitado o esconde su factura —en cuyo caso, se evaluará en una pericia mecánica durante el juicio—, que quien cumplió con todos los recaudos.
Ante ello, los jueces comenzaron a subir las tasas de interés a una vez y media o dos veces la tasa activa, aunque sin llegar a cubrir la inflación real en muchos casos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en el fallo “García c/ UGOFE”32 descartó esa posibilidad, incluso cuando no era el aspecto debatido —el problema era que en la Cámara se le impuso doble tasa activa a una suma ya actualizada— y destacó que no se trataba de una tasa que fijaba el Banco Central, de conformidad con el art. 768, inc. c del CCCN.
Creemos que, en estos casos, la actualización de los créditos es indispensable para que exista justicia y no resulte todavía más perjudicado el actor, que debe esperar largos años de juicio para cobrar su crédito. El proceso no debería jugarle en contra cuando tiene razón.
En sentido similar, en un fallo se señaló:
El fracaso de la veda indexatoria, al considerar corresponsable de la inflación a la actualización monetaria de las deudas, está a la vista: no hay actualización sólo para los acreedores judiciales, ya que el mundo comercial se maneja con otros parámetros (incremento de precios, cotizaciones en dólares u otra moneda extranjera, intereses capitalizables, precios en unidades de cosas o medidas, actualización monetaria expresa de alquileres y productos financieros, etc.) y la inflación se ha mantenido e incrementado. La mecánica de recurrir a la figura de los intereses como forma de recomposición, ha fracasado. Corresponde declarar inconstitucional los arts. 7 y 10, Ley 2392833.
Ante esta situación, muchos deudores optan por no pagar, debido a que la puesta en el mercado de ese dinero les genera más beneficios de los que representan las tasas de interés aplicables34. Y ello se acrecienta con la aplicación de la solución prevista en el art. 730 CCCN, que le permite al responsable librarse de una parte de lo adeudado, puesto que las costas también son generadas por él.
Un sistema serio de justicia no puede permitir que quienes se encuentran obligados se financien con el juicio, a costa de la otra parte. Incluso, desde un punto de vista económico, ello genera más costos por la cantidad de procesos en trámite. A nuestro entender, los jueces no pueden desconocer una situación tan grave de injusticia y los planteos de actualización deberían comenzar a tener lugar, sin importar en qué momento del proceso se realicen35.
En este sentido, en un precedente jurisprudencial se sostuvo:
Esta “financiación por vía judicial” (como sagazmente la denominó mi colega de sala en los precedentes citados en el párrafo anterior) no es otra cosa que un abuso del proceso: detrás de un ejercicio aparentemente legítimo del derecho de defensa en juicio por parte de la proveedora de bienes y servicios se esconde una voluntad pérfida dirigida a sacar un provecho económico derivado de los tiempos y la demora que conlleva el pleito judicial, lo que expone un apartamiento de los fines que el ordenamiento jurídico asigna a los institutos procesales y los límites que imponen la buena fe, la moral y las buenas costumbres, generando un perjuicio a la contraria y al avance regular del proceso36.
2. Intereses
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
| Artículo 771. Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero |
Artículo 771. Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses, a petición de parte que no se encuentre en mora y con efecto desde la fecha de la presentación de la demanda judicial, cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación y entre deudores y acreedores similares |
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mencionado fallo “García c/ UGOFE” 37 sostuvo que los jueces tenían la facultad de reducir los intereses, pero no aumentarlos (art. 771 CCCN).
El Proyecto propone modificar esta disposición del CCCN38 en los términos expresados con anterioridad, aunque no nos parece una mejora del sistema.
La realidad es que resulta difícil que la norma proyectada sea aplicable, debido a que solamente puede llevarse a cabo tal disminución cuando quien la solicite “no se encuentre en mora”. Sin embargo, esa situación es poco probable, porque los intereses moratorios son el resarcimiento por la mora en el cumplimiento de las obligaciones dinerarias39. En otras palabras, el deudor de una suma de dinero que es condenado a abonarla con intereses ya se encuentra en ese estado, salvo en algún supuesto excepcional40.
Quizás la idea fue aludir a quien no es moroso en abonar la liquidación judicial, aunque no es eso lo que dice el artículo.
Restaría la posibilidad de aplicarlos a los compensatorios, lo que implicaría que el deudor inicie un proceso en tal sentido (si ya está iniciado por el acreedor, generalmente es porque el obligado es moroso).
A la vez, permanece vigente el art. 794, 2do. párrafo del CCCN, que habilita la disminución de la cláusula penal. Y la realidad es que en la gran mayoría de los supuestos en los que los intereses se tornan exorbitantes, es cuando se encuentran pactados como punición. Adviértase, por ejemplo, los pactados en pagarés de consumo o alquileres.
En definitiva, creemos que es una solución inconveniente, pero igualmente los jueces continuarían teniendo facultades para reducir los intereses Por otra parte, podrán seguir recurriendo a las cláusulas abusivas41 si se trata de contratos predispuestos (art. 988 CCCN) o de consumo (art. 37 LDC y arts. 1117 y ss. CCCN), mientras que en otros supuestos podrá echar mano de principios generales tales como el abuso del derecho.
3. Mora
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
Artículo 887. Excepciones al principio de la mora automática La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones: a) sujetas a plazo tácito; si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, Artículo 888. Eximición. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación. |
Artículo 887. Excepciones al principio de la mora automática La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones: a) sujetas a plazo tácito; si el plazo no está expresamente determinado, cuando resulta o no tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor debe interpelar al deudor para constituirlo en mora; b) sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho; el juez a pedido de parte, lo debe fijar mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor queda constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación. Artículo 888. Eximición. Para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación, o que la otra parte se encuentra en mora o no cumple su propia prestación |
En este punto, se prevén varias modificaciones en el Proyecto de Ley42:
i. El inciso b del artículo 887 del CCCN contiene un defecto: señala cuándo existe un plazo tácito (al igual que el art. 871 del CCCN), pero no especifica si se debe interpelar. A pesar de ello, la doctrina entiende que es necesario, fundándose en que se trata de una de las excepciones a la mora automática43. En caso contrario, no hubiera tenido sentido la inclusión del inciso.
El Proyecto aclara que la interpelación es necesaria en este supuesto.
Además, suprime la presunción de que el plazo es tácito si existe duda, que otorgaba claridad sobre un aspecto que puede ser controvertido. Pizarro y Vallespinos consideran acertada la solución, porque responde mejor a la dinámica negocial moderna y las partes solamente en raras ocasiones procuran integrar un contrato con una actividad judicial futura44. Además, el deudor sería intimado, por lo que no existiría un peligro de que no se entere del plazo. En definitiva, nos parece que debió expedirse sobre este aspecto.
Por otra parte, señala que el plazo es tácito cuando resulta “o no” de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Ello parece un error de redacción; si no surge de allí, el plazo no sería tácito.
ii. En cuanto a la reforma del inc. c del art. 887 del CCCN, se trata de algo más técnico. El CCCN contempla tal solución para el supuesto en que “no hay plazo”, mientras que el Proyecto borra esa alusión, porque el plazo existe, pero es indeterminado.
iii. La modificación realizada por el art. 888 del CCCN es correcta. Suple una omisión del Código, que sí estaba regulada en el artículo 510 del Código Civil (se contemplaba la imposibilidad de constituir en mora a la otra parte). De tal modo, para eximirse de las consecuencias de la mora, ya no solamente tiene en cuenta que no le sea imputable al deudor, sino que también le permite demostrar “que la otra parte se encuentra en mora o no cumple su propia prestación”.
4. Pago por consignación extrajudicial45
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
Artículo 911. Derechos del acreedor Una vez notificado del depósito, dentro del quinto día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho a: a) aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano; Arts. 912 - 918 152 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación b) rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del Artículo 912. Derechos del acreedor que retira el depósito Si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor |
Artículo 911. Derechos del acreedor Una vez notificado del depósito, dentro del quinto día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho a: a) aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano; Arts. 912 - 918 152 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación b) rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios; c) rechazar el procedimiento y el depósito, o no expedirse. En ambos casos el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. Artículo 912. Derechos del acreedor que retira el depósito. Si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor por considerarlo insuficiente. Para demandar tiene un término de caducidad de noventa días computados a partir del recibo con reserva |
Se modifica el art. 911 del CCCN, que le otorga al acreedor la posibilidad de retirar el depósito ante escribano y rechazar el procedimiento. El problema es que pone los gastos y honorarios a su cargo, lo que hace poco aplicable la figura.
El Proyecto de Ley contempla que debe hacerse cargo de ellos el deudor.
Por otra parte, el art. 912 del CCCN tiene una reforma positiva, al suprimir: a) la posibilidad de pedir repetición de lo pagado por gastos y honorarios al deudor por considerar que estaba en mora; y b) la necesidad de hacer reserva en el recibo.
A su vez, extiende a 90 días el plazo de caducidad para reclamar un importe mayor, lo que parece lógico. Cuenta con esta posibilidad cuando lo considera insuficiente46.
5. Astreintes
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
| Artículo 804. Sanciones conminatorias Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. |
Artículo 804. Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. |
El artículo 804 del Código Civil y Comercial remite al derecho administrativo para la observancia de los mandatos judiciales dirigidos al Estado. De tal modo, las astreintes, en estos supuestos, se regirían por las normas de derecho público.
El problema se da cuando la legislación local no prevé la posibilidad de aplicarlas, un problema que afortunadamente no existe en nuestro fuero, debido a que el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe las contempló en su artículo 263 (incluso antes que el Código Civil derogado, que las incorporó al art. 666 bis mediante la reforma por Ley 17.711 de 1968).
Debe tenerse en cuenta que estas sanciones se fundan en el imperio de los jueces47 (incluso antes de la redacción del Código Civil derogado se imponían con ese fundamento48) y, por ello, se han considerado igualmente aplicables.
Además, es efectiva su aplicación a los funcionarios públicos que no cumplen con los mandatos judiciales49. Por otra parte, el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impide su aplicación, pero solamente ante el incumplimiento de resoluciones cautelares.
El Proyecto de Ley50, en una solución coherente, suprime la remisión al derecho administrativo. De esta manera, queda como una norma de derecho común, aplicable tanto al derecho público como al privado.
6. Transacción
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
Artículo 1641. Concepto La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, Artículo 1642. Caracteres y efectos La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. Artículo 1643. Forma La transacción debe hacerse por escrito. Si recae sobre derechos litigiosos sólo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. |
Artículo 1641. Concepto. La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, extinguen recíprocamente derechos y obligaciones. Artículo 1642. Caracteres y efectos. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. Artículo 1643. Forma. La transacción debe hacerse por escrito con las mismas formalidades utilizadas en el contrato. Si recae sobre derechos litigiosos sólo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella |
Se modifican distintos aspectos en el Proyecto51:
i. El artículo 1641 del CCCN define a la transacción del siguiente modo: “La transacción es un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas”52.
En el Proyecto se cambia el concepto y se quita la necesidad de que las partes realicen concesiones recíprocas. No coincidimos en este punto53: si no existe tal situación, se trataría de un convenio de pago (si se pacta por la totalidad) o una renuncia o donación (si libera a la otra parte, sin pedir nada a cambio).
ii. La modificación al artículo 1643 del CCCN es mínima. Sostiene que, además de realizarse por escrito, debe cumplir con los requisitos de los contratos. A nuestro entender, ello es redundante, porque es su propia naturaleza y la figura se encuentra ubicada en la sección correspondiente a la materia contractual.
Sin embargo, pudo modificarse la cuestión de la presentación judicial, tal como señalaremos en las conclusiones.
iii. En cuanto a la supuesta reforma del art. 1642 del CCCN, la realidad es que el artículo propuesto es idéntico al anterior.
7. Prescripción
a) Suspensión por mediación
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
| Artículo 2542. Suspensión por pedido de mediación El curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes. | Artículo 2542. Suspensión por pedido de mediación. El curso de la prescripción se suspende desde la presentación en el organismo pertinente del pedido de mediación, desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de los veinte días contados desde el momento en que el acta de cierre del procedimiento de mediación se encuentre a disposición de las partes. |
El art. 2542 del CCCN contempla la suspensión del plazo de prescripción frente a la mediación. Y el punto de partida es “desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero”. El Proyecto54 agrega un supuesto más que puede dar lugar al inicio del cómputo: “…desde la presentación en el organismo pertinente del pedido de mediación”.
Creemos que es una solución a medias.
Por una parte, es un notorio avance, debido a que se trata de un supuesto excepcional —al igual que en el caso de interpelación— en el cual existe suspensión por una actividad del acreedor y ella ocurría, obviamente, al momento de pedir la mediación. Sin embargo, en la norma del CCCN, el actor puede quedar desprotegido si tiene que esperar a que le comuniquen la fecha de audiencia o que ella se celebre. Quizás, por causas que no dependen de él, deba soportar la prescripción del derecho a accionar.
Más allá de lo expuesto, nos sigue pareciendo poco. En fueros como el rosarino, en el cual la mediación es obligatoria y previa a la demanda, es la única actividad que puede realizar el acreedor. No puede iniciar juicio, porque la necesita previamente55. Ante este panorama, el pedido de mediación debería interrumpir la prescripción, al igual que la petición judicial (art. 2546 CCCN).
Un aspecto peculiar en el sistema santafesino es que la Ley de Mediación le otorga los efectos de la interrupción por petición judicial56, aunque por un plazo máximo de 6 meses.
Coincidimos con Maximiliano Cossari, en cuanto sostiene que cabe realizar una interpretación armónica con la Ley de Mediación y el Código Procesal, considerando a la mediación como una petición judicial, que interrumpe el curso de la prescripción57.
b) Interrupción por reclamo administrativo previo
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
| Artículo 2546. Interrupción por petición judicial. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. | Artículo 2546. Interrupción por reclamo administrativo o petición judicial. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante organismo administrativo cuando es requisito de ley, o autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable |
El art. 2546 del CCCN, al regular la interrupción por petición judicial, fue más preciso que el art. 3986 del Código Civil derogado, que hablaba de “demanda”.
Por su parte, el Proyecto58 realiza un agregado muy importante a esta norma: también la petición ante un organismo administrativo interrumpe la prescripción, cuando es requisito de ley. Al tomar esta solución, sigue el criterio del Proyecto de 1998 (art. 2483, inc. c) y el Anteproyecto de 2012 (se había contemplado en el art. 254859, aunque luego se suprimió esta parte en el texto definitivo).
Se trata de una reforma necesaria. No se había previsto en el Código y —si bien la mayoría de la doctrina sostenía que debía contar con efectos interruptivos en ese supuesto60— la jurisprudencia había tenido vaivenes, hasta que la Corte rechazó esa posibilidad61. Sin embargo, en el sistema del Código Civil y Comercial parecería que, al menos, debería considerarse con efectos suspensivos, como interpelación fehaciente (art. 2541)62, aunque la cuestión no surge con claridad.
Celebramos la reforma y creemos que se adecúa a la realidad, dejando de lado un criterio proteccionista del Estado —como sucede tantas veces en materia de responsabilidad estatal63—, sin ningún fundamento lógico.
c) Imprescriptibilidad de las acciones contra los funcionarios públicos por actos de corrupción
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
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Artículo 2560. Plazo genérico El plazo de la prescripción es de cinco años, Artículo 2561 (no modificado): El reclamo del resarcimiento de daños por agresiones sexuales infligidas a personas incapaces prescribe a los diez años. El cómputo del plazo de prescripción comienza a partir del cese de la incapacidad. El reclamo de la indemnización de daños derivados de la responsabilidad civil prescribe a los tres años. Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. |
Artículo 2560. Plazo genérico. Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad y por actos de corrupción de los funcionarios públicos son imprescriptibles. El plazo de la prescripción es de CINCO (5) años. Este plazo se aplica a todos los créditos tributarios, cualquiera sea su origen. |
El CCCN contempla en su artículo 2561 la imprescriptibilidad de las acciones civiles por delitos de lesa humanidad, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación continuó adhiriendo al carácter prescriptible para los plazos que se encontraban corriendo antes de la sanción del Código64. Sin perjuicio de ello, el Proyecto65 la incorpora al art. 2560 —sin suprimirla del art. 256166— y agrega la mención a los funcionarios públicos por actos de corrupción.
Si bien la lógica parecería sostener que a partir del conocimiento de tales actos debería comenzar a correr la prescripción, también es cierto que muchas veces ellos terminan siendo ocultados por distintos motivos. Por esta razón, la finalidad de la norma es alcanzar estos supuestos y luce con un importante fin preventivo de este tipo de conductas.
Debe tenerse en cuenta el criterio temporal adoptado por la Corte para los supuestos de lesa humanidad, porque seguramente adoptará la misma posición para los casos de corrupción y no hará lugar a reclamos anteriores.
d) La cuestión tributaria
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
Artículo 2532 (no modificado). Ámbito de aplicación. En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Artículo 2560. Plazo genérico El plazo de la prescripción es de cinco años, |
Artículo 2560. Plazo genérico. Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad y por actos de corrupción de los funcionarios públicos son imprescriptibles. El plazo de la prescripción es de CINCO (5) años. Este plazo se aplica a todos los créditos tributarios, cualquiera sea su origen. |
El art. 2532 del CCCN dispuso que las jurisdicciones locales pueden legislar sobre la prescripción tributaria. Este aspecto fue materia de arduos debates.
Sin embargo, no señaló un plazo, por lo que generalmente se aplicaría el de dos años, por tratarse de obligaciones que se devengan de forma periódica (art. 2662, inc. c del CCCN), aunque existían muchas jurisdicciones que lo extendían a 5 años. El Proyecto67 señala que el plazo de 5 años es aplicable a “todos” los créditos tributarios, cualquiera sea su origen, aunque sin modificar el artículo 2532 (lo que puede traer más dudas sobre las facultades locales para disponer al respecto).
8) Pago indebido
| Código Civil y Comercial | Proyecto de Ley Ómnibus |
|---|---|
| Artículo 1796. Casos El pago es repetible, si: a) la causa de deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa causa deja de existir; o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va a producir; b) paga quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga, a menos que lo haga como tercero; c) recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad; d) la causa del pago es ilícita |
Artículo 1796. Casos El pago es repetible, si: a) la causa de deber no existe, o no subsiste, porque no hay obligación válida; esa causa deja de existir; o es realizado en consideración a una causa futura, que no se va a producir; b) paga quien no está obligado, o no lo está en los alcances en que paga, a menos que lo haga como tercero; c) recibe el pago quien no es acreedor, a menos que se entregue como liberalidad; d) la causa del pago es ilícita; e) el pago es obtenido por medios ilícitos. |
El Proyecto68 modifica el inciso d del artículo 1796, que consignaba como uno de los supuestos en los que el pago es repetible cuando “la causa del pago es ilícita o inmoral” y quita esta última posibilidad. No coincidimos con esta solución que, en concordancia con algunas reformas previstas en el ámbito contractual, pretende quitar la moralidad por completo del ámbito del derecho.
V. PROPUESTAS DE REFORMA
En términos generales, los cambios parecen positivos en nuestra materia, según lo que hemos mencionado en cada caso particular.
Sin embargo, consideramos que algunos aspectos pudieron ser materia de reforma. Analizaremos los más relevantes, dejando de lado otros que son solucionables vía doctrinaria (por ejemplo, cuestiones terminológicas). En definitiva, ellos son:
1. Pudo avanzarse más con la cuestión monetaria. Sin indexar toda la economía, es posible hacerlo en materia de daños y perjuicios —cuando no se trate de obligaciones de valor—, para evitar la injusticia que puede darse en estos casos.
2. El límite de costas previsto en el artículo 730, in fine, del CCCN no debe mantenerse. Es contrario al principio de reparación plena y pone a cargo de la víctima una parte de los costos del juicio. No hay motivo para que el demandado, que con su mora provocó el reclamo, deba obtener este tipo de beneficio.
Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo consideró válido69, muchos fallos continuaron declarando su inconstitucionalidad70. La Corte de Santa Fe, por su parte, consideró que el límite no podía afectar el crédito de un trabajador71.
3. En el artículo 732 del CCCN se consagra el principio de equiparación entre el actuar del obligado y los auxiliares. En realidad, quien incumple es el deudor y ello debería ser aclarado.
4. Es indispensable aclarar los alcances del art. 768, inc. c del Código Civil y Comercial, en cuanto dispone que cuando ni las partes ni una ley especial hayan establecido la tasa de interés, ella se determina “…por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”. Esta solución ilógica fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “García c/ UGOFE”72, al sostener que una tasa de interés que duplica la activa no cumple con estos recaudos (en una interpretación así de rígida, podría decirse que tampoco lo haría una tasa pura ni muchas otras que son publicadas por el Banco Central).
En materia de obligaciones dinerarias, los intereses son el daño moratorio presunto y coincidimos con quienes sostienen que puede reclamarse un daño mayor, si es demostrado73. Debe recordarse que el fundamento de la aplicación de intereses pasó de ser lo que hubiera obtenido por tal concepto el acreedor al invertir su dinero en el banco (tasa pasiva) a lo que debería haber abonado si pedía un crédito por no tener el capital a disposición (tasa activa). Esta modificación tuvo que ver con el financiamiento que podían obtener los deudores con el juicio; bastaba con colocar el dinero a plazo fijo y esperar al momento de la sentencia.
La realidad es que la situación actual es peor: la mayoría de las veces, los montos que se fijan en ese concepto no alcanzan ni siquiera para mantener el valor del capital inicial, cuya función cumplen de manera indirecta (en otras palabras, la tasa no es positiva). De ninguna manera puede entenderse, entonces, que existe un resarcimiento por la mora, cuando no se llega a lo más básico, que es conservar el valor del crédito.
Esta solución legal tan rígida se puede convertir en un límite indeseado, que vulnere el derecho de propiedad contenido en el art. 17 de la CN.
5. También hubiera sido importante establecer los alcances del art. 770 del Código Civil y Comercial. Se advierten dudas con los incisos b y d, porque no imponen una periodicidad para el anatocismo, pero sostienen que se debe capitalizar “desde” la notificación de la demanda y la liquidación judicial, respectivamente74. Asimismo, hubiera sido importante aclarar si es aplicable a los intereses que se imponen frente a las obligaciones de valor75.
6. La posibilidad de desistir de la transacción mientras ella no sea presentada al juez de la causa, tal como es previsto por el art. 1643 del CCCN, no parece una solución sensata. Con ello, se facilita el incumplimiento de los acuerdos ya celebrados cuando no fueron presentados al expediente. Tal situación puede ser aprovechada por los deudores, cuando saben que el tribunal aplica un interés ínfimo en estos casos o la tasa pactada para la falta de cumplimiento se torna baja con el transcurso del tiempo.
A nuestro entender, no debe existir la posibilidad de desistir de ella, con mayor razón cuando el art. 1642 le otorga efecto de cosa juzgada “sin necesidad de homologación judicial”.
Por otra parte, creemos que sería necesario regular la lesión subjetiva en la transacción, aunque con carácter excepcional, tal como se ha considerado hasta ahora76. Es ampliamente conocido que no solamente en el ámbito laboral puede existir un aprovechamiento por parte de quien tiene un mayor poder de negociación —lo que fundamenta la protección del trabajador prevista en el art. 15 de la LCT—, también puede suceder en materia de derecho del consumidor e incluso en otros ámbitos en los que “supuestamente” existe paridad. Por ejemplo, cuando se “intercepta” a quien sufrió un accidente de tránsito, que acepta la oferta sin patrocinio, y acuerda por una suma ínfima.
7. Tal como hemos señalado en el apartado IV.7.a, la mediación obligatoria debió considerarse como interruptiva de la prescripción.
8. Al tratar la prevención del daño77, la reforma podría haber modificado la solución del inc. b del art. 1710 CCCN y contemplar que los “gastos de prevención” no sean reembolsables únicamente en la medida del enriquecimiento sin causa78. Aquí debe tener lugar una reparación plena.
9. Debe aclararse en el art. 1728 del CCCN a qué tipos de contratos abarca. Se llega a una interpretación que desecha su aplicación a contratos de consumo, de conformidad con los Fundamentos del Anteproyecto de 201279, aunque no se consignó en la ley.
10. La solución del art. 1735 del CCCN en materia de cargas probatorias dinámicas nos parece poco feliz, debido a que le impone al juez la necesidad de comunicar a las partes la posible aplicación de este criterio. La realidad es que tal situación se advierte recién en la sentencia80; más que una cuestión probatoria, tiene que ver con el análisis que realiza el juez sobre quién debió probar cada hecho, de acuerdo con las circunstancias.
11. En el artículo 1741 del CCCN se desaprovechó la oportunidad para incluir a los hermanos81 y para otorgar alguna precisión a la noción de “gran incapacidad”.
Por otra parte, es preferible la redacción del Anteproyecto de 2018, en cuanto señalaba que el juez debe ponderar “entre otras cuestiones” a las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reclamadas. Y, en sus fundamentos, se ejemplificaba con el supuesto de alguien que se encuentra en estado vegetativo y no podría apreciarlas.
12. Cuando se tratan los daños patrimoniales por muerte en el art. 1745 CCCN, se dispone que la indemnización “debe” consistir en distintas consecuencias (gastos funerarios, alimentos y pérdida de chance de ayuda futura). Sin embargo, la realidad es que no se limita a ello. Por tal razón, a nuestro entender, correspondería que se aclare que se trata de una presunción82.
Por otra parte, al tratar la indemnización por alimentos a los hijos, la norma menciona, en su inciso b, al menor de “veintiún años”. Creemos que debería remitir a los arts. 658 y 663 del CCCN, debido a que puede tratarse de alguien mayor de esa edad, pero menor de 25 años, a quien le correspondan alimentos, según las circunstancias.
13. En materia de indemnizaciones por lesiones físicas hubiera sido importante mejorar la redacción del art. 1746 CCCN e imponer la necesidad de utilizar fórmulas matemáticas para calcular el lucro cesante para las “actividades productivas” que la víctima deja de realizar.
También sería útil aclarar que puede existir una “pérdida de chances” de mejora en el ingreso de la víctima hacia el futuro (la Corte adoptó este criterio en distintas ocasiones83, mientras que la fórmula “Acciarri” lo contempla entre sus componentes) y que en las “actividades económicamente valorables” debe tenerse en cuenta el valor de la sustitución.
14. La responsabilidad de los padres debió tener mayores precisiones. A nuestro entender, no debe cesar cuando el menor es puesto bajo la vigilancia de otra persona (art. 1755 del CCCN), por los siguientes motivos: a) surge de los deberes de responsabilidad parental, la que no cesa cuando el menor convive con el otro progenitor o es puesta al cuidado de otra persona (art. 641 CCCN); b) la separación de los progenitores es una cuestión interna, que no debe proyectarse sobre el hijo; y c) el espíritu de la norma es que los padres sean solidariamente responsables, incluso con terceros, por los daños causados por sus hijos84. Lo importante, más que la titularidad de la responsabilidad parental, es su ejercicio. Sostienen Pizarro y Vallespinos “Se trata de una exigencia desacertada, incompatible con un régimen de responsabilidad objetiva como el que se declama, apta inclusive para desvirtuarlo si no es interpretada razonablemente. Si la responsabilidad de los progenitores es objetiva, el hecho de que el menor conviva o no con aquéllos debería ser absolutamente irrelevante”85.
El fundamento de esta responsabilidad —sea que se concurra a los deberes de la responsabilidad parental, el riesgo o la garantía— impone que los padres no se liberen en este supuesto.
Asimismo, existe un desajuste entre la solución anterior y la excepción prevista para los casos de delegación de la responsabilidad parental, según los términos del art. 643 del CCCN. En otras palabras: los padres se liberan si el menor está por un tiempo con otra persona, pero no si delegan la responsabilidad parental en un familiar hasta por un año.
Una solución coherente fue la prevista en el Anteproyecto de 2018.
15. Al tratar la responsabilidad del dueño y el guardián en el art. 1758 del CCCN se podría haber aclarado qué sucede cuando se le otorga la guarda a un tercero. Si se mantiene el criterio de los fallos “Seoane”86 y “Camargo”87 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —relacionado con la interpretación del art. 27 del Decreto-Ley 15.348/46—, el concepto de “dueño” pasaría a diluirse: solamente sería responsable, en tanto se lo presuma guardián.
Creemos que la solución legal es la correcta y que la noción de “dueño” debería mantenerse en toda su extensión, pero sería importante aclararlo.
16. La previsión del art. 1768 del CCCN, que exime a los profesionales liberales de la responsabilidad por riesgo creado —salvo que se trate de vicio de la cosa—, no debería mantenerse. No hay motivo para colocar al profesional por encima del resto de las personas.
Ello fue previsto en la solución del Anteproyecto de 2018, que contemplaba la regla general y luego separaba a los profesionales de la salud —a quienes sí les cabría la regulación actual—, colocándolos en un segundo párrafo.
17. Por otra parte, el artículo 1780 del CCCN, que alude a los supuestos de revisión de la sentencia civil con relación a la penal, debería, a nuestro entender, abarcar también al supuesto de dilación excesiva (art. 1775, inc. b del CCCN)88.
18. Sería importante, además, tratar en el Código Civil y Comercial —tal como lo hizo el Anteproyecto de 2012— temas tales como la responsabilidad del Estado (arts. 1764 a 1766 del Anteproyecto de 2012, que fue remitida al derecho administrativo en el CCCN, bajo la misma numeración) y la responsabilidad frente a derechos de incidencia colectiva (arts. 1713 y 1745 a 1748 del Anteproyecto de 2012).
19. Parece acertada la inclusión que había realizado el Anteproyecto de 2018 de un art. 1795 bis, con la incorporación del “enriquecimiento sin causa por infracción al derecho ajeno”. Allí ingresan aquellos supuestos en los que una de las partes se enriquece, aunque no hay un empobrecimiento de la otra. Gran parte de la doctrina adhiere a estas ideas89.
20. También coincidimos con la postura del Anteproyecto de 2018, que impuso la solidaridad en varios supuestos en los que legalmente se regulaba la concurrencia.
21. Por último, podría establecerse la obligatoriedad de fijar un domicilio electrónico para las sociedades y un procedimiento de notificación digital (como sucede para algunas cuestiones con las SAS, de conformidad con el art. 38, 2do. párrafo y concordantes de la Ley de Sociedades), con el fin de facilitar este aspecto para los procesos en un futuro.
Dictamen sobre reforma al SIDEAT
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Sr. Presidente del Colegio
de Abogados de Rosario
(Lucas Galdeano)
S / D
I. Carácter de la presentación
Diego Alejandro Lo Giudice, abogado, Presidente del Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados de Rosario, me presento a fin de evacuar la solicitud de dictamen sobre la eliminación del SIDEAT, en los siguientes términos:
II. El sistema anterior y su modificación
El 31 de mayo de 2024, el Sistema Integrado de Accidentes de Tránsito, que funcionaba en Rosario, cesó en sus funciones de toma de denuncias por accidentes viales. A partir de allí, sólo funciona con fines estadísticos. La denuncia de los siniestros deberá realizarla cada conductor ante su aseguradora1.
Su implementación ya no era tan efectiva como en sus inicios. A partir de la pandemia por Covid-19, la mayoría de las compañías aseguradoras comenzaron a solicitar únicamente la denuncia ante el seguro y permitieron realizarla por medios digitales, lo que desalentó a los conductores de concurrir al organismo. Además, se empezó a exigir turno previo con mucha anticipación, lo que completaba el panorama.
A pesar de ello, todavía era útil porque facilitaba la prueba en los accidentes de tránsito. En muchas ocasiones, bastaba con un oficio judicial para tener por acreditado el hecho y la responsabilidad del demandado.
La reforma no es positiva para quienes son parte del sistema, debido a que complica la labor de los abogados y del Poder Judicial.
Se advierten los siguientes problemas con el nuevo esquema:
i. El sujeto se presenta frente al productor de seguros o la aseguradora, a veces luego de transcurrido un tiempo. Durante ese lapso, la espontaneidad se pierde y quien inicialmente iba a relatar correctamente el hecho, puede olvidar o modificar su versión. Los individuos se sentían obligados a concurrir en pocos días al SIDEAT.
ii. La cuestión probatoria se complejiza. El abogado debería realizar un esfuerzo mayor para acreditar el hecho y la responsabilidad.
Allí constaba el día, la hora, el lugar, los vehículos intervinientes, quiénes los conducían, la mecánica relatada por cada uno de ellos, el punto de impacto, lugar en el que se encontraban los daños, fotografías, etc.
Todos ellos son aspectos que hoy debe acreditar el actor por otros medios.
iii. Ante esta situación, la cantidad de asuntos transados podría reducirse notablemente y los montos ser menores.
iv. Ello afecta la gestión diaria de los estudios jurídicos. Este tipo de casos se tornarían complejos para su escasa cuantía económica. Un tema es que el litigante los aborde con una facilidad probatoria y posibilidades de transar, mientras que otro muy distinto es llevarlo adelante cuando se torna más complejo.
v. Para los participantes en el accidente, significaría una dificultad más para reclamar los daños sufridos (sumado a los costos de la mediación o las demoras del sistema).
vi. También perjudica al Poder Judicial, debido a que se aumentarían la cantidad de causas en trámite, audiencias y la duración de los procesos. Ello generaría, además, mayor retraso.
A modo de ejemplo, en una audiencia oral frente a un accidente que produjo únicamente deterioros al vehículo y se encuentra reconocido normalmente no se necesita la declaración de testigos.
III. La denuncia ante la aseguradora. Problemática procesal
La exposición de los hechos será realizada mediante la denuncia ante el propio seguro. Según el art. 46 de la Ley de Seguros, ella debe efectuarse dentro de 3 días. La norma destaca, además, que “…el asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño”. Por ello, se entiende que la demora tiene que haber dificultado seriamente o impedido a la aseguradora realizar las averiguaciones necesarias.
Esta cuestión puede tomar relevancia cuando se trata de una acción iniciada contra el propio seguro y no cuando se aborda respecto de un tercero, porque sería una “defensa posterior al siniestro”. En este último supuesto, a lo sumo, podría ejercerse luego la acción de repetición contra el asegurado que no realizó la denuncia oportunamente.
Durante el proceso, si bien es posible que la incorpore cualquiera de las partes, su falta de acompañamiento por parte del demandado podría perjudicar a la víctima. Por esta razón, el actor podría solicitarla como exhibición de documental.
Frente a este pedido, el juez, si la considera procedente, debería ordenarla sin substanciación y en el término de 3 días (aunque puede modificarlo). La aseguradora podría presentarla o declarar que no la posee ni ha dejado de poseerla (art. 173 CPCCSF2). Si no la exhibe sin justificación o se comprueba su existencia, se tendrán por exactas las copias acompañadas por el actor3 o sus afirmaciones (art. 174 CPCCSF4).
Deben destacarse algunas cuestiones:
1. Podría llegar a entenderse que es necesario que el actor mencione la denuncia en su escrito inicial y lo que consta en ella para que juegue la presunción, aunque no creemos que sea indispensable. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, sería un excesivo rigor formal: quien reclama ni siquiera sabe si existe, aunque tenga una ligera idea de cuáles son los hechos que debe contener. Sin embargo, para el litigante sería aconsejable detallar estos aspectos, para evitar inconvenientes.
2. Generalmente, no existen problemas en el fuero rosarino para solicitar esta denuncia como exhibición de documental.
Sin embargo, la cuestión se encuentra discutida5 y, según otra postura —seguida por algunos Juzgado de Circuito—, el litigante “no puede declarar contra sí mismo” y no debe admitirse el pedido6.
Ante todos los cambios que se avecinan, puede ocurrir que algún juzgado unipersonal en materia extracontractual siga esta interpretación. Si ella se generaliza, los problemas mencionados en el apartado anterior se acentúan.
Pensamos que debe admitirse la exhibición de la denuncia, en cuanto el proceso debe encaminarse hacia la verdad jurídica objetiva. Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló:
…en relación a las reglas atinentes a la carga de la prueba, cabe aclarar que deben ser apreciadas en función de la índole y características del asunto sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, principio éste que se encuentra en relación con la necesidad de dar primacía —por sobre la interpretación de las normas procesales— a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal7.
Debe tenerse en cuenta, además, que la mayoría de las veces la documentación se encuentra en manos de quien se encuentra en una mejor posición para conocer los hechos y evitar los daños. Ello llevó a que nuestro sistema jurídico contemple algunas herramientas tales como la obligación de presentar la documentación por parte del proveedor (art. 53, 3er párrafo LDC8) y las cargas probatorias dinámicas (art. 1735 CCCN9). Sin embargo, estas posibilidades pueden darse en ciertos casos particulares.
Desde la postura favorable a la posibilidad de disponer la exhibición, Arazi sostiene: “No cabe aquí la aplicación del principio nemo tenetur edere contra se (nadie está obligado a suministrar prueba en contra de sí), pues el perjuicio que puede causarle a la parte la presentación del documento, que incorpora al juicio una prueba favorable a su contraria, cede ante el deber que tiene de lealtad, probidad y buena fe”10.
IV. Propuestas
Algunas de las posibilidades son las siguientes:
i. Aunque no se trate de un delito penal, podría ser útil tomar las denuncias dentro de los Centros Territoriales de Denuncias o en algún otro organismo (podría tratarse de una página web, algún sector en el Colegio de Abogados o en tribunales, etc.). Sobre todo, si recordamos que anteriormente se realizaban en comisarías y ello todavía sucede en otras localidades.
ii. Más allá de que se excede el supuesto analizado, sería muy útil que, en los casos de lesiones, se pueda citar al sujeto que causó el daño para que dé su versión. Ello colaboraría para llevar adelante muchos otros procesos de un modo más eficiente.
iii. También podría crearse algún sistema mediante una página de internet. Mientras más simple sea el proceso, hay mayor probabilidad de que sea utilizado.
Saludo atte.
Dictamen sobre el Anteproyecto de Código de Procesos Civiles y Comerciales de la Provincia de Santa Fe
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Sr. Presidente del Colegio
de Abogados de Rosario
(Lucas Galdeano)
S / D
I. CARÁCTER DE LA PRESENTACIÓN
Diego Alejandro Lo Giudice, Jonatan Jesús Páez, Julián Santiago Dauverné, Florencia Mangialardi, Natalia Santacruz, Matías Ansó, Esteban Jurún, Gianfranco Testoni, Marisol Ferri y María Florencia Ayala nos presentamos a fin de evacuar la solicitud de dictamen sobre el Anteproyecto de Código de Procesos Civiles y Comerciales de la Provincia de Santa Fe presentado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe al Poder Legislativo, en los siguientes términos:
II. ACLARACIÓN PRELIMINAR
El presente dictamen se limitará al estudio de los aspectos del Anteproyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial (parte general) y tendrá especialmente en cuenta los aspectos que puedan afectar al proceso de daños.
La metodología de trabajo será llevada a cabo mediante una transcripción de los artículos en juego, con un comentario debajo respecto de los puntos en cuestión.
III. ANÁLISIS DE LA REFORMA
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Además de enfatizar este principio, el Anteproyecto en su art. 384 contempla multa sancionatoria de entre 3 y 30 Jus y el 50% al profesional interviniente, teniendo una redacción más enfática y precisa respecto a los valores que juzga que el actual artículo 24 del Código Civil y Procesal de Santa Fe. El Anteproyecto insiste reiteradamente en no demorar el proceso.
Sin embargo, pensamos que la solución debería ser otra. Es aceptado generalmente que la conducta procesal puede ser valorada al sentenciar y esa debe ser la consecuencia desfavorable en juicio. Entendemos que la sanción a los letrados debe estar a cargo del Colegio de Abogados. Debería contemplarse que, si el juez advierte esta cuestión, remita comunicación al Colegio correspondiente, sin imponerla directamente.
No parece erróneo que el juez tome una actitud conciliatoria. Es sabido que su intervención colabora en la posibilidad de arribar a acuerdos y genera un efecto positivo en las partes, tanto para lograr un acercamiento como para apreciar que su tema está siendo atendido.
Sin embargo, los límites parecen excesivos: las propuestas conciliatorias que “no se consideran prejuzgamiento” suelen derivar en un abuso. Esta situación ya se advierte frente a una norma similar en el fuero laboral, en el cual la mayoría de las veces se realiza adecuadamente, pero hay excepciones en las cuales los magistrados adelantan su fallo.
La frase en la que se afirma que ello no implica prejuzgar no tiene esa intención, pero lleva a algunos jueces a pensar que todo lo que digan se encuentra incluido allí.
En materia de daños puede ser peligrosa una situación de esta índole. Muchas veces, en procesos con pocas probabilidades de éxito todavía se puede llegar a un acuerdo, si el juez no adelanta su visión adversa.
Es más, suele ser frecuente que algunos comentarios realizados en etapas previas por quien decide el pleito no sean mantenidos al fallar, luego de analizar mejor las constancias del expediente. Si ello se ventila abiertamente, puede tener consecuencias indeseadas (a veces el apuro o la poca información sobre el expediente le pueden jugar una mala pasada).
Esta solución -vigente en otros códigos procesales del país- no parece conveniente en materia de daños.
En ocasiones, durante las audiencias algunos funcionarios judiciales realizan menciones sobre la prueba, que son inconvenientes para alguna de las partes y, en ocasiones, erróneas o limitadas al criterio del sentenciante (cuya resolución podría ser apelada). Incluso, siempre está presente en el pensamiento de los litigantes la amenaza de costas, lo que complejizaría mucho más la cuestión.
Mencionaremos algunos ejemplos:
i. Muchas veces se cuestiona la inclusión de la pericia psicológica, al afirmar que el tribunal lo considera como daño moral y que este rubro “se presume” en materia extracontractual. Sin embargo, ello puede perjudicar al litigante, por los siguientes motivos: a) la presunción no limita la posibilidad de probar un monto mayor o menor; y b) la pericia psicológica no sólo podría generar daño extrapatrimonial, sino también patrimonial en algunos casos (la letra del art. 1746 es clara).
ii. Si el actor pide la aplicación de una fórmula matemática y ofrece prueba para probar sus variables. El juzgado podría limitarla debido a que no aplica ese método, pero deja al actor indefenso frente a una cuestión que podría ser tenida en cuenta al apelar (las Salas 11 y 22 las han aplicado en distintas oportunidades). De tal modo, el litigante vería limitado el alcance de su pretensión, conformándose con un monto que generalmente es menor. Al llegar a la Cámara no tendría la prueba suficiente o tendría que pedir la nulidad de la sentencia por haberse desechado los medios probatorios que ofreció.
iii. Cuando se trata de daños de índole extracontractual, pero fundados en el derecho del consumidor. En estos casos, hay criterios que buscan desechar la aplicación de esta normativa y de la prueba que pueda producirse para probar tal carácter.
El Anteproyecto tiene una mirada demasiado flexible respecto del principio de congruencia.
Estos incisos, por sí mismos, parecen ser no tener inconvenientes. Sin embargo, vistos en el contexto del Código, se advierte el peligro de excesos.
Al analizar el el inc. e se habla de la proposición de acuerdos procesales. Consideramos muy valorable la existencia de estos acuerdos en términos generales (art. 33), lo que permitiría evitar el cumplimiento de plazos (traslados, caducidades, etc.) mientras se realiza una negociación o por otro motivo. En el fuero de daños es muy frecuente que se realicen pericias privadas o simplemente que se negocie mientras hay términos en juego o está pendiente la celebración de una audiencia.
Obviamente, ello no debería llevar al abuso que implique la demora exagerada de un juicio respecto de otros o alterar el orden de las agendas judiciales.
A pesar de ello, el artículo se centra en un aspecto: se busca “simplificar” y “agilizar” el trámite o solucionar incidentes. En estos supuestos, también es elogiable que el sistema lo permita. El problema es que, cuando los propone el juez, ello podría poner en una situación incómoda a las partes: quien no acepta la propuesta tiene que esperar una resolución del magistrado, que puede considerarlo de mala fe por no aceptarla (teniendo en cuenta el art. 35; a su vez, el art. 34 permite valorar la conducta de quien no quiso renunciar a una prueba, lo que podría extenderse a algún incidente).
En el inc. q se contempla el iura novit curia. Ello, en principio, luce correcto. En realidad, debe quedar claro que se refiere al derecho a aplicar en la sentencia y no para hacer referencia a pretensiones no deducidas. También debería dejarse asentado que ello no implica que quede en manos de los magistrados la reconducción de postulaciones siempre y en cualquier caso.
La norma no llega a esos extremos. Pero, al apreciar las facultades en su totalidad, podría llegarse a una interpretación amplia, que no sería deseable.
Este inciso debe analizarse en conjunto con el art. 162, inc. b, en cuanto señala que el juez en la sentencia debe evaluar “…los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido articulados como hechos nuevos”.
Aquí la afectación a la congruencia es evidente; y, si la permite en cuanto a los hechos, la lógica implica que también se extendería a supuestos como los que mencionamos.
Si bien en otro dictamen consideramos que podría ser positivo la creación de un sistema de notificación digital a las sociedades mediante un domicilio electrónico3, ello supone la creación de un sistema dirigido en ese sentido y aplicable a personas jurídicas.
Aquí, en cambio, sería aplicable a partes, representantes y auxiliares (art. 56).
Según lo previsto en el Anteproyecto, incluso las partes deberían fijar el domicilio electrónico (art. 69). Este aspecto puede resultar positivo, para evitar notificaciones innecesarias -con problemáticas como el cambio de domicilio- cuando el sujeto ya conoce la existencia de un proceso.
Sin embargo, no parece acertada la solución para el supuesto en el que no cuente con él. La realidad es que muchas personas han obtenido el sistema para trámites en la Provincia de Santa Fe (por ejemplo, con el fin de pedir partidas al Registro Civil) y la gran mayoría nunca ha vuelto a utilizarlos ni recuerda su contraseña. Para agravar la cuestión, el sistema no tiene ninguna utilidad para ellos. Se les estaría imponiendo la obligación de ingresar periódicamente para el supuesto caso en el que exista una notificación.
Una situación similar se verificaría al intentar notificar a domicilios electrónicos contenidos en otros organismos públicos.
Imagínese la notificación de un aspecto relevante por este medio y la incomparecencia del demandado. Los planteos de nulidad serían materia corriente.
Creemos que esta disposición proyectada no puede mantenerse.
La norma es mucho más completa y actualizada que la prevista actualmente en el art. 390 CPCCSF. Si bien hay muchos incisos relacionados con el proceso de daños, mencionaremos los más importantes:
Inc. e: Es muy importante que esté prevista la posibilidad de solicitar la exhibición del contrato de seguro lo que, en ocasiones, no es admitido por algunos juzgados.
Inc. f: También es conveniente la posibilidad de solicitar la exhibición de la historia clínica, sin perjuicio de la posibilidad de asegurar la prueba cuando sea indispensable (sobre todo, en casos de responsabilidad médica) o la posibilidad de que el actor recurra a la Ley de Datos Personales (según la Ley de Derechos del Paciente).
Inc. m: Cada vez se acentúa más la necesidad de facilitar este tipo de medio probatorio. Adviértase, por ejemplo, que en materia de seguros es cada vez más frecuente la póliza digital. Ello sin perjuicio de otras situaciones, como sucede con el recorrido de un GPS en vehículos que lo utilizan (taxis, colectivos, camiones, etc.).
Inc. n: Este inciso es fundamental para dirigir correctamente la acción en los términos del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (lo que puede recaer, en algunos casos, en el fuero extracontractual).
Inc. o: La inspección del inmueble luego del desalojo permite constatar adecuadamente si existen daños y perjuicios a reclamar, como asimismo su entidad.
IV. PROPUESTA
i. Desde el Instituto hemos destacado la importancia del nuevo método implementado para diligenciar las notificaciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cédulas Ley 22.172), según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (https://notificaciones.csjn.gov.ar/dgnotificaciones/preguntasFrecuentes)4 y propusimos “…que se procure la instauración de este nuevo método en forma uniforme por parte de los juzgados, para lograr su aplicación a todos los expedientes”5.
Sin embargo, hoy nos permitimos avanzar un poco más: pensamos que el sistema ha sido tan efectivo que debe replicarse en nuestra provincia.
Sería positiva la implementación de un método de notificación más simple. Ello podría realizarse por mail o a partir del sistema digital utilizado. Allí debería subirse la cédula. Incluso, en el segundo supuesto, podría generarse automáticamente un esquema con el juzgado interviniente, datos del expediente, CUIJ y hasta una simplificación en el copiado del decreto que se pretende notificar. Transcribir datos mecánicamente a esta altura del avance tecnológico parece innecesario y complejiza la tarea.
ii. Una cuestión similar puede decirse respecto de los oficios; sobre todo, cuando se dirigen a oficinas públicas. Ello debería implicar simplemente identificar el decreto y copiar la petición, con el envío desde el sistema.
iii. El Anteproyecto se enfoca en las soluciones que alivian la carga de trabajo del tribunal. Al disminuir también las tareas a cargo del abogado, se agilizaría el sistema y se podrían enfocar los esfuerzos en lo relevante de los juicios: la demanda y contestación, los planteos que se realicen, los aspectos complejos de la prueba, etc. Ello también acortaría los plazos.
iv. También podrían fijarse algunas otras pautas para las notificaciones.
Parece razonable que las sociedades se consideren notificadas en el domicilio que conste en el Registro Público de Comercio, en el Registro Nacional de Sociedades6, el organismo de contralor (por ej., Superintendencia de Seguros de la Nación), aquel constituido en materia fiscal o el que figura en una página web oficial.
Frente a ello, se torna inútil continuar buscando a quien no es diligente. Si el notificador informa, por ejemplo, que el demandado “se mudó”, debería contemplarse que quede notificado sin necesidad de más trámite.
Una situación similar debe adoptarse cuando existe una relación previa y no se informa la modificación del domicilio.
El temor a nulidades genera procesos eternos y el sorteo de defensores innecesariamente.